El Consejo de Ministros de España ha aprobado un nuevo real decreto propuesto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España para regular los procedimientos de registro, modificación y cancelación de las indicaciones geográficas (IG) de productos agroalimentarios. La medida tiene como objetivo simplificar los procesos administrativos y mejorar la gestión de los sistemas de calidad que distinguen el origen y las características de los productos agrícolas y alimentarios en España.

El decreto establece normas actualizadas para la gestión de etiquetas de calidad como la Denominación de Origen Protegida (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP) y la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG). Estos esquemas identifican productos cuya calidad, reputación o características están vinculadas a un origen geográfico específico o a métodos de producción tradicionales.

La nueva normativa incorpora las disposiciones del Reglamento (UE) 2024/1143 sobre Indicaciones Geográficas al marco jurídico nacional de España. Un objetivo clave del decreto es agilizar la tramitación administrativa de las solicitudes de registro de IG y las modificaciones de las especificaciones de los productos. La reforma reduce los plazos de los procedimientos, aclara las diferentes categorías de modificaciones —incluidas las enmiendas a nivel de la Unión, estándar y temporales— e introduce, por primera vez, un procedimiento formal para la cancelación de las indicaciones geográficas.

Además, el decreto actualiza el marco jurídico que rige la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada, un organismo coordinador responsable de supervisar los esquemas de calidad diferenciada. La actualización alinea el funcionamiento del organismo con las disposiciones de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y aborda las necesidades operativas identificadas durante su implementación.

La normativa también implementa nuevas normas de la UE relativas a la gestión de la oferta de vinos y productos agrícolas protegidos por indicaciones geográficas. En el nuevo marco, las partes interesadas podrán solicitar normas vinculantes para regular la oferta de vinos y otros productos agrícolas amparados por los esquemas DOP o IGP. Anteriormente, esta opción solo estaba disponible para los sectores del queso y el jamón.

Además, el decreto aclara cómo debe presentarse la información obligatoria en el etiquetado de los vinos con designaciones DOP o IGP y actualiza las disposiciones relativas a los controles oficiales para las indicaciones geográficas que abarcan múltiples comunidades autónomas en España.

En general, la nueva medida busca mejorar la eficiencia de la administración de las indicaciones geográficas, fortalecer la regulación del mercado para los productos agrícolas con certificación de calidad y garantizar la coherencia con la legislación actualizada de la Unión Europea.

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